El tribunal detiene el cierre del polémico centro de detención conocido como “la Alcatraz de los caimanes
El polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, seguirá operando tras una nueva decisión judicial que ratifica su funcionamiento. Un tribunal de apelaciones confirmó este martes su postura anterior, bloqueando la orden de una jueza federal que exigía reducir las operaciones de la instalación. Los magistrados argumentaron que el estado de Florida, y no el gobierno federal, fue el responsable de su construcción y gestión.
“Fueron funcionarios estatales quienes levantaron esta instalación”, señalaron los jueces en su fallo. “Ellos controlan el terreno y decidieron construirla”. La controversia surgió cuando la jueza Kathleen Williams emitió una orden preliminar en agosto pasado, alegando que el estado ya había recibido un reembolso federal por el proyecto. Sin embargo, el tribunal de apelaciones suspendió esa decisión días después, mientras se preparaba una audiencia que finalmente se celebró a principios de este mes en Miami.
El caso ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones ambientalistas, que denuncian los daños ecológicos y humanos causados por la prisión. “Esta lucha está lejos de terminar”, advirtió Eve Samples, directora ejecutiva de *Friends of the Everglades*, uno de los grupos demandantes. “El ‘Alcatraz de los caimanes’ se construyó de manera apresurada en uno de los ecosistemas más frágiles del país, sin una evaluación ambiental adecuada y con un costo enorme para las personas detenidas y el medio ambiente”.
La instalación, inaugurada el verano pasado, fue parte de la política migratoria del expresidente Donald Trump. Sin embargo, su funcionamiento ha estado marcado por denuncias de abusos. A principios de este mes, documentos judiciales revelaron que dos detenidos fueron golpeados y rociados con gas pimienta por guardias del centro. Los testimonios describen un ambiente de violencia y condiciones inhumanas, lo que ha intensificado las críticas contra el lugar.
En un voto disidente, la jueza Nancy Abudu cuestionó la legalidad de la operación, argumentando que la inmigración es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal. “Que Florida haya construido esta instalación no significa que el gobierno nacional pueda eludir su autoridad”, escribió. Mientras tanto, el caso regresa al tribunal de distrito, donde los grupos ambientalistas prometen continuar su batalla legal.
El centro, ubicado en una zona pantanosa y remota, ha sido comparado con una prisión de máxima seguridad por sus condiciones extremas. Los críticos señalan que su construcción no solo violó normas ambientales, sino que también puso en riesgo a los detenidos, muchos de ellos solicitantes de asilo. La decisión judicial de mantenerlo abierto reaviva el debate sobre los límites del poder estatal en materia migratoria y la protección de ecosistemas sensibles como los Everglades.
